El asesinato de cuatro hermanos de una familia vinculada a la agricultura y de uno de sus trabajadores estuvo precedido por años de tensiones sociales, enfrentamientos políticos y conflictos laborales en el municipio.
La historia de Pinto durante los años de la Segunda República y los primeros meses de la Guerra Civil está marcada por episodios que reflejan la profunda división social y política que atravesaba España. Entre ellos destaca la tragedia de la familia Creus, cuyos cuatro hermanos fueron asesinados en agosto de 1936, junto a la muerte de Ladislao Martín Díaz, mecánico que trabajaba para ellos.
Los acontecimientos, reconstruidos a partir de documentación histórica, testimonios y publicaciones de la época, permiten conocer no solo el desenlace de aquella violencia, sino también los conflictos que durante años habían enfrentado a determinados sectores del municipio.
Una familia de origen granadino vinculada a la agricultura
Los Creus, originarios de Granada, habían hecho fortuna en Madrid y adquirido importantes extensiones de terreno en Pinto a comienzos del siglo XX. Estos terrenos fueron vendidos por los herederos de don José de Gurumeta, cajero del Banco de España. La familia Creus estaba vinculada a la actividad agrícola y sus miembros representaban un sector acomodado de la sociedad de la época.
La adquisición de antiguas haciendas familiares y de grandes superficies de terreno generó recelos entre determinados sectores del campesinado. En un contexto de crisis económica, desempleo agrícola y dificultades para acceder al trabajo, algunos propietarios fueron señalados como responsables de la situación que atravesaban los jornaleros.
Parte de las tierras adquiridas por los Creus se cultivaron, mientras que otras fueron arrendadas o permanecieron sin labrar. Esta circunstancia alimentó las tensiones en un municipio donde la agricultura constituía una de las principales actividades económicas y donde el acceso al empleo era una cuestión fundamental para numerosas familias.
Con el paso de los años, los Creus se convirtieron para algunos sectores en símbolo del poder económico y de la propiedad agraria, una percepción que contribuyó a incrementar el resentimiento social.
El enfrentamiento con el Ayuntamiento de Pinto en 1933
La relación entre la familia Creus y el gobierno municipal de Pinto ya era conflictiva antes del estallido de la Guerra Civil.
Uno de los episodios más significativos tuvo lugar en noviembre de 1933, cuando Juan Creus Vega, presidente de la Sociedad Patronal Agrícola, protagonizó un enfrentamiento con el Ayuntamiento, gobernado por concejales socialistas.
La prensa madrileña recogió entonces una denuncia de la Federación Patronal Agrícola de la provincia de Madrid, que relataba cómo el alcalde socialista había requerido a la asociación para que designase tres representantes con el objetivo de discutir unas bases de trabajo bajo su presidencia.
La patronal rechazó la convocatoria al considerar que la negociación correspondía exclusivamente al Jurado Mixto de Trabajo Rural. Según la información publicada, el alcalde impuso en dos ocasiones multas al presidente de la asociación y volvió a citarlo, sin especificar el motivo de la reunión.
El viernes 3 de noviembre de 1933, cuando Juan Creus se disponía a acudir a la citación, fue requerido por el alguacil municipal y una pareja de la Guardia Civil, que lo condujeron a la Casa Consistorial.
Allí le esperaban el alcalde y cuatro concejales socialistas, quienes, según la denuncia patronal, le exigieron que designase a los representantes que debían discutir las bases de trabajo. Creus mantuvo la postura de la asociación.
La Federación Patronal Agrícola denunció públicamente la actuación municipal, calificándola de ataque a la libertad ciudadana y cuestionando tanto la competencia del alcalde como el procedimiento utilizado.
Este enfrentamiento constituye un antecedente documentado de la mala relación entre Juan Creus y las autoridades municipales durante la República, y permite situar el conflicto agrario de Pinto en un contexto de creciente tensión política y laboral.
De la conflictividad social a la radicalización política
Durante los años republicanos, las diferencias entre propietarios y trabajadores agrícolas se intensificaron en Pinto.
La falta de empleo, las dificultades económicas y las reivindicaciones campesinas contribuyeron a crear un ambiente de creciente confrontación. En este contexto, determinados discursos políticos señalaron a los grandes propietarios como responsables de la paralización agrícola, el desempleo y las dificultades que sufrían los jornaleros.
La familia Creus quedó situada en el centro de estas tensiones. Su posición económica, sus propiedades y su vinculación con el asociacionismo agrario hicieron que fueran identificados por algunos sectores con los intereses de los propietarios.
Sin embargo, los conflictos sociales y laborales no explican por sí solos los asesinatos posteriores. La violencia de agosto de 1936 se produjo en un escenario de ruptura institucional, radicalización ideológica y descontrol provocado por el estallido de la Guerra Civil.
Ladislao Martín Díaz, la primera víctima
Una semana antes del asesinato de los hermanos Creus, Pinto fue escenario de otro crimen relacionado directamente con la familia.
Ladislao Martín Díaz, mecánico de los Creus, fue asesinado el 13 de agosto de 1936.
Según la documentación recogida en la causa general, varios milicianos de Pinto lo detuvieron para interrogarle sobre el paradero de sus patrones. Posteriormente, lo trasladaron frente a la finca de La Concepción, donde le dispararon.
Los acusados de este crimen fueron Tomás Bonilla, conocido como el Bicho; Antonio García Palacios; José Contado García; y otros individuos señalados en las investigaciones, entre ellos Federico Lorenzo Hermida, el Federo, capitán de las milicias de Pinto, y Víctor Melones.
La documentación también menciona a un individuo apodado el Lanas, identificado en la investigación como Miguel Gregorio Cubas, vinculado a la huelga campesina de 1934.
Tras el asesinato, varios hombres fueron enviados a informar a la sede del Comité Rojo de Pinto. Según el relato recogido, el Federo ordenó que cuatro personas enterrasen a Ladislao: Antonio, cuñado de un vecino de Pinto; el Lanas; un cuñado de Víctor Melones; y un hombre llamado Carreño.
La documentación señala que, al comprobar que Ladislao aún permanecía con vida, Carreño le disparó nuevamente.
Su asesinato anticipó la tragedia que pocos días después alcanzaría a sus patrones.
Una detención planificada bajo el pretexto de una deuda
Los hermanos Creus fueron asesinados entre el 20 y el 22 de agosto de 1936.
De acuerdo con la documentación recogida en la causa general, la detención no fue fruto de un encuentro casual ni de un arrebato espontáneo. Los responsables habrían organizado un plan para atraer a los cuatro hermanos a Pinto y asesinarlos posteriormente.
El origen de la operación se sitúa en una denuncia del zapatero Juan García. A partir de ella, varios milicianos decidieron utilizar el pretexto de una supuesta deuda de 12.000 pesetas que los Creus tendrían pendiente con algunos vecinos del municipio.
Primero hicieron detener en Madrid a Félix Creus y obligaron a llamar a su hermano mayor, Juan, con la excusa de que debía acudir a Pinto para saldar la deuda. Según el relato, una vez pagada, los hermanos podrían marcharse tranquilamente.
La operación se desarrolló de manera escalonada.
El 20 de agosto de 1936, cuatro milicianos de la CNT-FAI detuvieron en su domicilio a José María y Félix Creus, trasladándolos a la cercana checa de Fomento y posteriormente a Pinto.
El 21 de agosto, Jesús Creus fue detenido en el Colegio Farmacéutico, señalado por Ramona Velasco y Gregoria Villamor. Fue conducido a la checa de Bellas Artes y después trasladado a Pinto.
Juan Creus fue detenido el 22 de agosto en el domicilio de D. Eusebio Lasala, situado en la calle Jesús, número 5.
Según consta en la declaración de Antonio Creus, a sus hermanos los detuvieron los mismos individuos, acompañados por una persona de Pinto que, al parecer, era el alcalde y que había trasladado a los milicianos hasta Madrid.
Quiénes eran los hermanos Creus
La documentación permite reconstruir la trayectoria personal y profesional de los cuatro hermanos.
Juan Creus Vega, de 51 años, era agricultor, viudo y no tenía hijos. Presidía la Sociedad de Labradores de Pinto y la Federación Agrícola Madrileña. En 1920 había sido vocal del Consejo Superior de Fomento. Fue señalado en las acusaciones como una persona de derechas.
Félix Creus, de 45 años, era licenciado en Ciencias Físicas y topógrafo. Soltero, también fue señalado como propietario y persona de derechas.
José María Creus, de 40 años, era abogado y profesor de Derecho Mercantil. Estaba casado con María Moreno Sánchez y no tenía hijos.
Jesús Creus, de 35 años, era farmacéutico y estaba casado con María Molina Mena. Tenía tres hijos pequeños: Concepción, nacida en Madrid el 19 de febrero de 1934; Félix, nacido el 5 de febrero de 1935; y María Jesús, nacida el 6 de agosto de 1936.
La documentación recoge que los hermanos tenían su domicilio familiar en Madrid, en la calle Nicolás María Rivero, número 9, muy cerca del Congreso de los Diputados.
Jesús se encontraba en Huércal-Overa, en Almería, cuando estalló la guerra. Allí vivía junto a su esposa, natural de aquella localidad, y había dado a luz a su tercera hija pocos días antes de su detención.
Según el relato, fue contactado por teléfono y se le pidió que viajase a Pinto para saldar la supuesta deuda. Aunque su mujer intentó disuadirlo, Jesús decidió acudir.
El asesinato frente al Cerro de los Ángeles
Los cuatro hermanos fueron trasladados hasta la carretera de Andalucía, frente al Cerro de los Ángeles, en las proximidades de Pinto.
Sus cadáveres aparecieron entre los kilómetros 12 y 13, todos con heridas producidas por armas de fuego.
La documentación señala que los asesinatos fueron atribuidos a miembros del Comité Rojo de Pinto, principalmente al alcalde, a quien las declaraciones recogidas en la investigación responsabilizaron de los hechos.
Los hermanos Creus fueron enterrados durante la guerra en el cementerio de Getafe.
Según la documentación, los cuatro habían sido acusados por sus propiedades, su posición social y sus convicciones religiosas. En el caso de Juan, también por su vinculación con el asociacionismo agrario y su supuesta ideología política.
El crimen supuso la desaparición de cuatro miembros de una misma familia en apenas unos días, dejando tras de sí una tragedia que afectó especialmente a los familiares de Jesús, que acababa de ser padre por tercera vez.
El testimonio de Antonio Creus
El único hermano que sobrevivió fue Antonio Creus Vega, cuyo testimonio posterior permitió reconstruir buena parte de los acontecimientos.
La declaración del padre del Federo, recogida en Madrid el 11 de mayo de 1939, también aportó información sobre los hechos.
En ella se relató que, cuando llevaron detenido al señor Creus, lo subieron al comité, lo golpearon y que el cuñado de Juan García ordenó al declarante que matara a Juan Creus.
Según aquella declaración, el declarante acompañó a Celestino Carrero al Cerro de los Ángeles, donde este le habría disparado a Juan Creus en la cadera izquierda. Celestino remató posteriormente a la víctima.
Estos testimonios forman parte de la documentación judicial e histórica utilizada para reconstruir los crímenes, aunque deben entenderse dentro del contexto de las investigaciones realizadas tras la Guerra Civil.
La denuncia del asesinato de los cuatro hermanos y el robo de bienes familiares
El Archivo Histórico Nacional conserva un sumario judicial que recoge el testimonio de María de la Concepción Creus y Vega, quien denunció la detención y muerte de sus cuatro hermanos, el pago de 12.000 pesetas para intentar conseguir su liberación y la sustracción de joyas, dinero y documentos durante la Guerra Civil.
El documento se conserva en el Archivo Histórico Nacional, dentro del fondo de la Audiencia Territorial de Madrid, sección Criminal, legajo 137, expediente 21. Se trata del sumario número 354 de 1936, incoado el 25 de septiembre por el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid bajo el epígrafe de «Asesinato y robo».
Sus páginas, algunas mecanografiadas y otras acompañadas de anotaciones manuscritas, recogen declaraciones y diligencias policiales y judiciales que sitúan a Pinto en el centro de un relato de detenciones, muertes violentas y pérdida del patrimonio familiar.
Cuatro hermanos detenidos en agosto de 1936
La protagonista de la denuncia era María de la Concepción Creus y Vega, de 39 años, natural de Granada y residente en Madrid, en la calle Nicolás María Rivero, número 9. Su declaración ante la Comisaría General de Investigación Criminal, fechada el 16 de septiembre de 1936, constituye la principal fuente para reconstruir los acontecimientos.
Según relató, el 20 de agosto se presentaron en su domicilio seis individuos que afirmaban ser milicianos y se llevaron detenidos a dos de sus hermanos: Félix y José María.
Félix, de 46 años, era topógrafo; José María, de 41, ejercía como abogado y estaba relacionado profesionalmente con Granada. La denunciante acudió al Círculo de Bellas Artes, donde, según su testimonio, le comunicaron que sus hermanos habían sido trasladados a Pinto, localidad en la que la familia poseía una finca agrícola denominada La Concepción.
Al día siguiente, siempre según el relato incorporado al expediente, fue detenido otro de sus hermanos, Jesús, en el Colegio de Farmacéuticos. También habría sido conducido a Pinto.
La denuncia menciona igualmente a Juan, otro de los hermanos, cuya detención en Madrid se habría producido el 20 de agosto. María aseguró que fue trasladado a Pinto y que posteriormente lo mataron en las proximidades del lugar donde se encontraban sus hermanos.
La denunciante afirmó que los cuatro habían muerto y que sus cadáveres se encontraban en el depósito de Getafe. Respecto a sus otros tres hermanos, relató que fueron asesinados después de ser trasladados al Cerro.
El documento no permite identificar de manera concluyente a los responsables ni reconstruir por completo las circunstancias de cada muerte. Lo que sí acredita es que estos hechos fueron denunciados formalmente y dieron lugar a una investigación judicial.
12.000 pesetas a cambio de una supuesta liberación
Uno de los pasajes más relevantes de la declaración describe un episodio ocurrido el mismo 20 de agosto.
María aseguró que su hermano Félix regresó a su domicilio acompañado de dos milicianos. Estos le habrían comunicado que, si entregaba 12.000 pesetas, sus tres hermanos serían puestos en libertad.
Según declaró, entregó el dinero en billetes a Félix, delante de los dos hombres, que se marcharon después hacia Pinto.
Posteriormente, afirmó haber sabido que sus tres hermanos habían sido asesinados, pese a la promesa de liberación.
La denuncia incorpora así un elemento especialmente grave: la presunta exigencia de una importante cantidad de dinero a cambio de la libertad de unos detenidos que, según el testimonio, terminaron perdiendo la vida.
La entrega de las 12.000 pesetas figura en la declaración de María, pero las páginas conservadas no permiten determinar por sí solas el destino final del dinero ni establecer la responsabilidad individual de quienes habrían intervenido en el episodio.
Un registro domiciliario y la desaparición de numerosos bienes
La denuncia no se limitaba a las detenciones y muertes. María también relató que el 24 de agosto se presentaron de nuevo en su domicilio varias personas que decían ser milicianos y practicaron un registro.
Según su declaración, se llevaron diversos objetos, documentos y bienes familiares. Entre ellos figuraban una maleta, un maletín con alhajas, dos máquinas de escribir —una Smith Premier y otra Underwood—, una radio, un diccionario de dos tomos y una máquina Victoria para fabricar cigarrillos.
El inventario también hacía referencia a documentación financiera, títulos y otros efectos patrimoniales.
Entre los documentos sustraídos, María mencionó planos de aviación y papeles relacionados con su hermano José María, que trabajaba como corredor de comercio en Granada. Según explicó, aquellos documentos tenían importancia por los efectos que podían producir en dicha capital cuando fuese posible utilizarlos.
La relación de objetos aporta una imagen concreta de lo que la familia denunció haber perdido. No se trataba únicamente de enseres domésticos, sino también de documentación profesional y valores económicos cuya desaparición podía tener consecuencias más allá del propio registro.
El temor a perder el patrimonio depositado en el Banco de España
Uno de los aspectos más llamativos del expediente es la preocupación por una caja de seguridad que la familia tenía alquilada en el Banco de España.
María afirmó que durante el registro se habían llevado la llave de la caja, identificada en la denuncia con el número 3290. Su temor era que quienes se habían apoderado de ella pudieran acceder a los bienes depositados en su interior.
El inventario mencionado en la declaración incluía dos cajas con alhajas, trece onzas de oro, diez monedas de oro, cincuenta cédulas hipotecarias, cuarenta y dos cédulas beneficiarias de Azucarera, bonos de interés preferente, acciones ordinarias y alrededor de 15.000 pesetas en billetes.
La documentación no permite asegurar que todos esos bienes llegaran a desaparecer. La preocupación de la denunciante era precisamente evitar que se produjera una nueva sustracción aprovechando la posesión de la llave.
Por ello, solicitó la intervención de las autoridades para proteger los fondos y valores depositados. En el expediente figura una diligencia de remisión que contempla informar al Banco de España de la incautación de la llave.
Este detalle muestra que el caso no se circunscribía a las muertes denunciadas. También estaba en juego la protección de un patrimonio familiar compuesto por dinero, oro, joyas y títulos financieros.
De la denuncia policial a la investigación judicial
La documentación permite seguir los primeros pasos administrativos de la causa.
El 16 de septiembre de 1936, María de la Concepción Creus y Vega compareció ante la Comisaría General de Investigación Criminal para exponer los hechos. Al día siguiente, la Dirección General de Seguridad remitió formalmente la comparecencia al juez decano de los de Instrucción de Madrid.
El oficio, fechado el 17 de septiembre, señala que se envía la denuncia para conocimiento de la autoridad judicial y para los efectos que procedan en justicia.
Posteriormente, el 25 de septiembre, el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid incoó el sumario 354/1936, cuyo objeto quedó registrado como «Asesinato y robo».
Las diligencias conservadas incluyen también una declaración judicial de María, fechada el 22 de octubre. En ella se ratificó en lo manifestado anteriormente y aportó información sobre sus hermanos: Juan y Félix eran solteros; José María estaba casado con María Moreno Sánchez, residente en el mismo domicilio que la denunciante; y Jesús estaba casado con María Molina Mena, domiciliada en Huércal-Overa, en la provincia de Almería.
Ese mismo día declaró María Moreno Sánchez, viuda de José María Creus Vega. Su testimonio fue más breve: manifestó desconocer los hechos y no poder aportar información adicional que contribuyera a esclarecerlos.
Las páginas examinadas permiten documentar la apertura y las primeras actuaciones del sumario, pero no establecer su desenlace definitivo. Para conocer si hubo procesamientos, resoluciones posteriores o archivo de la causa sería necesario consultar el resto del expediente.
Una tragedia que refleja la fractura de Pinto
La historia de los hermanos Creus y Ladislao Martín Díaz constituye uno de los episodios más trágicos de la historia de Pinto durante la Guerra Civil.
Los acontecimientos permiten observar cómo las tensiones laborales, las diferencias económicas, los enfrentamientos políticos y la radicalización ideológica fueron acumulando resentimientos durante los años republicanos.
El enfrentamiento entre Juan Creus y el Ayuntamiento en 1933 demuestra que las diferencias entre la patronal agraria y el gobierno local ya eran profundas antes del estallido de la guerra.
Sin embargo, aquel conflicto institucional no debe confundirse con los asesinatos posteriores, que fueron actos de violencia criminal en un contexto de guerra y ruptura del orden legal.
Recordar estos hechos permite acercarse a una etapa especialmente dolorosa de la historia de Pinto desde una perspectiva histórica, atendiendo a las circunstancias que rodearon los acontecimientos y, sobre todo, a sus consecuencias humanas.
La tragedia de los Creus y de Ladislao Martín Díaz sigue siendo un ejemplo de cómo los conflictos sociales y políticos pueden desembocar en violencia extrema cuando desaparecen el diálogo, las garantías jurídicas y el respeto a la vida.
